El usufructuario no tiene derecho a justiprecio por fallecimiento anterior a la expropiación

El usufructo suele tener carácter vitalicio. En tal caso, si el dueño fallece antes de la expropiación, el usufructo se extingue y su titular no puede reclamar una indemnización en el expediente de justiprecio.

Aborda esta cuestión la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2016 (RC 1770/2015):

TERCERO.- Los motivos primero, segundo y tercero pueden ser examinados conjuntamente, en cuanto frente a la consideración en la sentencia de que la recurrente no tiene otro título que el de usufructuaria de la finca legada a la Congregación de las Hermanitas de los Pobres y de que la reclamación del justiprecio se formula en la demanda como si fuese titular del pleno dominio, ignorando así los derechos que pudieran corresponder a la nuda propietaria, lo que se esgrime en los indicados tres motivos como argumento esencial es su condición de heredera por fallecimiento del testador con posterioridad a la ocupación de la superficie expropiada.

Fallecido en efecto el Sr. Sixto con posterioridad a la ocupación de la parte de la finca expropiada y, en consecuencia, ya no formando parte del caudal hereditario al tiempo de la sucesión (recordemos que los derechos de la sucesión se trasmiten desde el momento de la muerte, artículo 657 del Código Civil ), los motivos que examinamos necesariamente deben estimarse, en cuanto el derecho a la reclamación y cobro del justiprecio, salvo disposición testamentaria en contrario, inexistente en el caso de autos, viene a acrecer el caudal hereditario correspondiente al heredero, sucesor del difunto en todos sus derechos y obligaciones ( artículo 66 del Código Civil ).

Es de advertir en línea con lo expuesto que si hubiera sido voluntad del testador compensar a la legataria por la desaparición de su patrimonio de la titularidad o de parte de los bienes legados, nada le impedía haberlo manifestado en testamento posterior.

Pero es que, además, debemos significar que el titular de un derecho real de usufructo, que le confiere el derecho real de uso en su calidad de usufructuario, sí tiene legitimación para intervenir en el proceso expropiatorio en cuanto el justiprecio de su derecho viene determinado en atención a la valoración del bien o derecho expropiado. 

Francisco García Gómez de Mercado

Abogado

El IBI corre a cargo del expropiado hasta la ocupación de la finca o el pago del justiprecio

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 28 de julio de 2016 (recurso 76/2013), ha determinado el momento en el que se produce el cambio de titularidad catastral de una finca afectada por un procedimiento expropiatorio.

En el caso analizado, nos hallamos ante una expropiación por ministerio de la Ley, en virtud de las previsiones del artículo 108 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo. Por ello, la parte recurrente argumenta que, al tratarse de una expropiación “ope legis”, la modificación de la titularidad de la finca tiene lugar con la presentación de la hoja de aprecio.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende que en las expropiaciones por ministerio de la Ley se diferencian dos fases.

La primera fase está constituida por la advertencia de la expropiación. En el caso que nos ocupa, el artículo 108 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/2005 dispone que “Una vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del plan de ordenación urbanística municipal, en el supuesto de que no disponga de programa de actuación urbanística municipal, o una vez agotado el plazo establecido por el programa o la agenda, si no se ha iniciado el procedimiento de expropiación de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos que, en virtud de las determinaciones del plan, tengan que ser necesariamente de titularidad pública y que no estén incluidos, al efecto de su gestión, en un polígono de actuación urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico, las personas titulares de los bienes pueden advertir la administración competente de su propósito de iniciar el expediente de valoración”.

En consecuencia, la segunda fase coincide con el inicio del expediente del justiprecio. En este sentido, el precepto anteriormente referenciado recoge que “Si transcurre un año desde la formulación de la advertencia y la administración no ha dado respuesta, el inicio del expediente de valoración se produce por ministerio de la ley; a tal efecto, las personas propietarias pueden presentar la hoja de aprecio correspondiente y, si transcurren tres meses y la administración no la acepta, se pueden dirigir al Jurado de Expropiación de Cataluña, la resolución del cual para fijar la valoración agota la vía administrativa”.

Así, el cambio en la titularidad catastral de los bienes inmuebles expropiados debe tomar en consideración las previsiones del artículo 53 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, por lo que “hasta tanto no se pague el justiprecio y se ocupe posteriormente la finca, esta continua siendo propiedad del expropiado, el cual, aún cuando no pueda efectuar actos de disposición puede continuar poseyéndola y en su caso obtener sus frutos”.

La Sala concluye que la expropiación por ministerio de la Ley únicamente tiene particularidades en la forma de inicio, la fecha de expropiación y la fecha tomada en consideración para el cómputo de los intereses de demora, siendo aplicables las previsiones del procedimiento expropiatorio ordinario en los demás aspectos. En consecuencia, el IBI corre a cargo del expropiado hasta la ocupación de la finca o el pago del justiprecio.

  

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite que el expropiado debe ser compensado por la actuación dilatadora de la Administración expropiadora, aunque determina que la compensación debe realizarse “por otras vías (como son el pago de intereses de demora, los cuales si media procedimiento judicial y se observa falta de diligencia pueden ser incrementados en dos punto o, incluso la exigencia de responsabilidad por mal funcionamiento), pero en ningún caso puede modificarse las reglas de la expropiación”. 

Neus Teixidor Martínez

Abogada