martes, 16 de mayo de 2017

¿A qué fecha debe atender la valoración del justiprecio en las expropiaciones?

 
Cuando se valora un bien expropiado sea en vía administrativa (ante un Jurado o Comisión) o bien en el recurso contencioso-administrativo posterior, generalmente ha transcurrido cierto tiempo desde la expropiación, y los valores o las normas aplicables pueden haber cambiado. Entonces ¿a qué fecha debe atenderse? La cuestión dista de ser sencilla.

En primer lugar, debemos distinguir las normas que regulan la expropiación en general y las que determinan el justiprecio de la expropiación (un expediente autónomo o “pieza separada” dentro de la expropiación),  pues como significa, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2003 (RJ 732), mientras que la normativa aplicable a la expropiación en general es la que se hallare en vigor en el momento en que se inicia el expediente expropiatorio, esto es, cuando se adopta el acuerdo de necesidad de ocupación (que por tanto debe cumplir la ley entonces vigente), la valoración de los terrenos  se fija en atención a la fecha en que comienza el expediente o pieza separada de justiprecio (por expreso mandato del art. 36 LEF), que es, normalmente, el momento en que se requiere al propietario expropiado a fin de que alcance un mutuo acuerdo o presente su hoja de aprecio.

A su vez hay otras cuestiones afectadas por una fecha u otra, como son las relativas a la situación física y urbanística del bien expropiado (p.ej. si estaba o no sectorizado o delimitado por el planeamiento) y al momento al que hay que atender para determinar los valores aplicables (rentas agrarias, costes de construcción, precios de venta, etc.). A este respecto, algunas sentencias, cuyo criterio compartimos, toman la fecha del inicio del expediente de justiprecio no solo para determinar las normas relevantes para la valoración sino también para la valoración misma  en cuanto al planeamiento en vigor o datos de hecho (Cfr. STS 1 y 12-7-2002, RJ 6301 y 7990), pero no existe un criterio único.

Lo cierto es que los criterios jurisprudenciales no son siempre coincidentes, y son modulados a menudo para evitar un perjuicio al expropiado. Generalmente se ha pensado que retrotraer la valoración perjudica al expropiado, pues los valores tienden a subir, pero tal cosa no siempre sucede así y, de hecho, en la reciente crisis inmobiliaria los valores han bajado en el transcurso de los años (con lo que posponer la valoración aquí perjudica y no beneficia al expropiado). Por otro lado, los cambios en la normativa de valoraciones se producen a menudo en detrimento del expropiado.

Pues bien, en primer lugar, por lo que se refiere a la normativa aplicable, en supuestos de cambio de leyes, la Jurisprudencia atendió a la norma vigente al comienzo de la expropiación, para beneficiar al expropiado, cuando entró en vigor la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico de 1990 (que, en general, reducía el justiprecio), de modo que si la expropiación comenzó al amparo de la ley anterior, dicha norma seguía siendo la aplicable aun cuando el expediente de justiprecio se abriese vigente ya la Ley de 1990. En este sentido, podemos citar las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo y 26 de octubre de 1999 (RJ 7276 y 9333), de 18 y 22 de mayo de 2000 (RJ 644 y 5981) y 18 de marzo de 2003 (RJ 3028).

Por el contrario, en la modificación operada por la Ley de Suelo de 2007 la jurisprudencia, atendiendo a su disposición transitoria tercera, que hace referencia al inicio del “expediente” ha optado por aplicar la fecha del inicio del expediente de justiprecio, de modo que, aunque la expropiación viniera de antes, se debe estar a dicha Ley si el expediente de justiprecio se inicia bajo su vigencia. Cabe citar aquí, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2013 (RC 5437/2010), 3 de diciembre de 2013 (RC 1796/2011), 2 de marzo de 2015 (RJ 2015\710) y 18 de mayo de 2015 (RC 459/2013) y 18 de abril de 2017 (RC 3209/2015).

A su vez, el vigente Reglamento de Valoraciones, aunque se aprueba en el año 2011, y por tanto no resulta vigente en valoraciones anteriores, puede ser tomado en consideración como pauta interpretativa de la Ley. Entre otras, lo admite la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2016 (RJ 2016\2770).

Resuelta ya la fecha a aplicar para determinar la normativa aplicable, ¿qué fecha debemos considerar para llevar a cabo la valoración? En principio, la respuesta, conforme al art. 36 LEF, es igualmente la del inicio del expediente de justiprecio. Con él concuerda, actualmente, el art. 34.2 b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2015.

Debería quedar claro, pues, que, como señalaba la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1997 (RJ 7387), la valoración se refiere no al momento de iniciarse el expediente de expropiación sino "con arreglo al valor que el suelo expropiado tuviese al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio".

Pero la cuestión dista de tener un tratamiento uniforme. Así, la Sentencia de 24 de septiembre de 2001 (RJ 9179) cita como aplicable, por error, “el momento de iniciarse el expediente expropiatorio”, pero no lo contrapone al de comienzo de la pieza de justiprecio. Por su parte, la Sentencia de 7 de julio de 2001 (RJ 8004) considera que ha de atenderse a la fecha de firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación salvo que el expediente de justiprecio no se inicie efectivamente en tal momento, prevaleciendo, una vez más, lo más beneficioso para el expropiado.

En particular, en las expropiaciones urgentes, que son prácticamente la totalidad en realidad, se atiende muchas veces a la fecha de la ocupación. Es cierto que, en las mismas, la fecha de valoración, en principio, debe ser coincidente o posterior al momento de la ocupación de la finca expropiada, puesto que según la regla 7ª del art. 52 LEF, "efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago", y es el comienzo del expediente de justiprecio el que marca la fecha de valoración, de conformidad con el ya citado art. 36 LEF. Por ello, aunque algunas sentencias parezcan referir la valoración al momento de la ocupación urgente (STS 27 de mayo de 1986, RJ 3006; 19 de septiembre de 1986, RJ 4773; y 4 de octubre de 2001, RJ 9194, entre otras), en realidad, que el expediente pueda iniciarse entonces no significa que, de hecho, se inicie (STS 20 de junio de 1979, RJ 2477), de modo que la fecha de inicio del expediente no se ha de confundir, necesariamente, con la del acta previa a la ocupación (STS 24 de marzo de 1986, RJ 1439; y 26 de noviembre de 1987, RJ 8345) ni la ocupación misma (STS 15 de abril de 1986, RJ 1995; y 25 de septiembre de 1987, RJ 6164).

Ahora bien, si la tardanza en tramitar el expediente de justiprecio supone un perjuicio para el expropiado porque los valores bajan y se trata de una demora extraordinaria, tal cosa no puede perjudicarle. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2001 (RJ 2634), con cita de la anterior de 5 de octubre de 1984 (RJ 5084), considera que la Administración es responsable de la tardanza en iniciar la pieza de justiprecio y, por ello, atiende a la fecha del acta previa a la ocupación y no a la posterior de iniciación del expediente expropiatorio. A nuestro juicio, no debe entenderse ello como una afirmación general de la aplicación de la fecha de la ocupación urgente en lugar de la fecha de inicio del expediente de justiprecio. Insistimos que también en las expropiaciones urgentes es de aplicación el art. 36 LEF. Lo que sucede es que una demora injustificada en la iniciación de dicho expediente no puede ser oponible al expropiado, de modo que si la aplicación de la fecha posterior le perjudica (pero sólo en este caso) no le es oponible dicho retraso.

Así lo aclara la completa Sentencia de 31 de diciembre de 2002 (RJ 603/2003), Ponente Excmo. Sr. LECUMBERRI MARTÍ, en su fundamento jurídico cuarto:

“la doctrina de esta Sala que viene reiteradamente afirmando que «según reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, el tiempo de iniciación del expediente de justiprecio, determinante de la fecha a la que hay que referir el valor de los bienes a tasar, conforme al artículo 36.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, tiene lugar a partir del momento en que se notifica al expropiado el acuerdo de iniciación de las gestiones para llegar a un mutuo acuerdo o cuando el expropiado recibe el oficio de la Administración interesándole que formule hoja de aprecio (Sentencias de 16 de mayo  y 19 de noviembre de 1979 [RJ 1807 y 4033], 21 de diciembre de 1984 [RJ  6563], 4 de febrero 1985 [RJ 509] y, más recientemente 2 y 16 de octubre de 1995 [RJ 7003 y 7105])» (Sentencias de 28 de mayo  y 14 de junio de 1996 [RJ 4524 y  4816]), afirmando en nuestra Sentencia de 21 de junio de 1997 (RJ 6272) que «tanto el artículo 36.1 de la Ley de Expropiación Forzosa como la jurisprudencia que lo interpreta (Sentencias entre otras de 8 de octubre de 1994 [RJ 8740] -recurso de apelación 9129/1991, fundamento jurídico primero- y 15 de febrero de 1997 [RJ 981] -recurso de apelación 14204/1991, fundamento jurídico cuarto-) exigen que la valoración de los bienes y derechos expropiados se efectúe con arreglo al valor que tengan al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, si bien en este caso, incumpliendo la Administración expropiante lo establecido en el citado artículo 52.7 de la Ley de Expropiación Forzosa, se inició el expediente de justiprecio cuatro años después de la ocupación del terreno expropiado. Tal retraso sin embargo, no puede perjudicar al expropiado, de manera que en el caso de que el valor de los bienes o derechos ocupados fuese superior en el momento de la efectiva iniciación del expediente de justiprecio habría que estar a éste y en el supuesto de ser superior al tiempo en que debió iniciarse por ministerio de la ley se deberá tener en cuenta ese momento para la valoración...».

Sin embargo, como hemos indicado, no faltan sentencias que consideran, erróneamente a nuestro juicio, la fecha de la ocupación como fecha a la que hay que atender, en principio, para la valoración, si bien cuando la fecha del inicio del expediente de justiprecio fuera más favorable para el expropiado (porque los precios suben) atienden a tal fecha. De este modo, si la Administración demora el inicio del expediente de justiprecio, "no puede pretenderse que tal circunstancia privilegie al expropiante remitiendo la valoración a fechas anteriores, con lo cual aquella sería inactual y pugnaría con las normas y principios inspiradores de la Ley Expropiatoria" (STS 4 de marzo de 1986, RJ 1439).

En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2013 (RC. 4974/2010), considera que la regla es la fecha de la ocupación, si bien la Administración no puede beneficiarse del retraso del expediente de justiprecio, y declara:

“Efectivamente, de conformidad con el  artículo 36  LEF , las tasaciones se han de efectuar con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, y como el  articulo 52.7  LEF establece que en las expropiaciones tramitadas por el procedimiento de urgencia, tras la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago, la regla general es la adopción de la fecha inmediata a la ocupación como momento de referencia para la valoración, pero de hecho ocurre que en ocasiones el expediente de justiprecio no se inicia en ese momento, por causa no imputable al expropiado, y por tal razón la jurisprudencia de este Tribunal ha declarado de forma reiterada, así en  sentencias de 24 de marzo de 1986  (RJ 1986, 1439)  y  21 de septiembre de 2010  ( RJ 2010, 6704 )   (recurso 4183/06 ), que "si la Administración demora el inicio del expediente de justiprecio, no puede pretenderse que tal circunstancia privilegie al expropiante remitiendo la valoración a fechas anteriores, con lo cual aquella sería inactual y pugnaría con las normas y principios inspiradores de la Ley expropiatoria", por lo que en tales casos ha de estarse a la fecha real o efectiva de inicio del expediente de justiprecio, que las citadas sentencias y otras muchas, como las de fechas  22 de noviembre de 2010  (RJ 2010, 8621)  (recurso 2804/2007 ) y  8 de abril de 2013  (RJ 2013, 3346)  (recurso 3826/11 ), sitúan en la fecha del ofrecimiento de fijación del justiprecio de común acuerdo o del requerimiento al expropiado para que formalice su hoja de aprecio”.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2017 (RC 3209/2015) sostiene que “cuando se revisa una sentencia que enjuicia un acuerdo de justiprecio, como en el caso de autos, donde la fecha de inicio del expediente de justiprecio es muy posterior al de inicio del expediente de expropiación y de la fecha de ocupación”, “los valores de ese suelo vigentes en la fecha de inicio del expediente de justiprecio, y ello porque al deferir la valoración a la fecha de inicio del expediente de justiprecio, lo que se trata de evitar (en supuestos, como el de autos, en los que la Administración ha demorado injustificadamente la iniciación de la pieza de justiprecio) es que ese prolongado retraso pueda ocasionar <<un perjuicio al propietario, que no hará suyo el incremento del precio de los terrenos durante el tiempo que la Administración retrase la fijación del justiprecio, y evitar al mismo tiempo que esos incumplimientos proporcionen también un beneficio a la Administración que retrasó la fijación del valor de los bienes>> ( sentencia Sección Sexta de esta Sala Tercera nº 1617/2016, casación 1106/15 ), o, como se dice en la sentencia de la misma Sección de 14 de octubre de 2013 (casación 6897/10 ),<< que la propia inactividad de la Administración por un prolongado período de tiempo, no pueda perjudicar la valoración de los bienes, que quedaría de este modo desfasada por causa no imputable al expropiado>> (en el mismo sentido, sentencias de 22 de octubre de 2012, casación 6680/09 , o, de 27 de octubre de 2014, casación 174/12 )”.

Pero todavía no hemos terminado con las fechas a considerar, porque si bien, como dijimos, creemos que la doctrina correcta es atender de forma unitaria a la fecha del inicio del expediente de justiprecio (salvo demora extraordinaria del comienzo de éste en perjuicio al expropiado), y tal referencia puede ser aplicada tanto a la normativa como a la fecha de referencia valorativa y la situación física y jurídica a tomar en consideración al tasar el suelo, hay sentencias que distinguen entre estas dos fechas (referencia valorativa y situación).

Así, la propia Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2017 (RC 3209/2015) nos dice que “la situación física y jurídica de la finca a tomar en consideración es la que tuviera en la fecha del inicio del expediente de expropiación, (enero de 2000): suelo urbano no consolidado según nuestras sentencias de 30 de enero , 8 de febrero y 19 de diciembre de 2012 ( casaciones, respectivamente, 7564/08 , 5642/08 y 1159/10 ), y, de 5 de marzo de 2013 (casación 3033/10), "foto fija" -ya inmodificable-“.
[siguiente] [Contextualizar]
En contra, por ejemplo, la Sentencia de 1 de octubre de 1994 (RJ 8306) y dos Sentencias de 10 de mayo de 1996 (RJ 4355 y 4356)  consideran que "la valoración del bien expropiado ha de referirse, como queda dicho, a la fecha de iniciación del expediente individualizado de justiprecio y, en consecuencia,... vigente el nuevo planeamiento, el cálculo del valor urbanístico sólo puede hacerse conforme al aprovechamiento permitido por este nuevo planeamiento, sin que sea legítimo, por haberse disminuido el que tuviesen los terrenos según la anterior ordenación urbanística, calcularlo conforme a ésta".

En esta línea, las Sentencias de 29 de mayo,  3 de julio y 25 de octubre de 2001 (RJ 5771, 7998 y 9207) estiman que la valoración del justiprecio debe hacerse a la fecha de iniciación del justiprecio individualizado, en las condiciones de aprovechamiento o edificabilidad del terreno establecidas por el planeamiento urbanístico vigente en ese momento, con independencia del que lo fuere en el momento de la determinación del sistema de expropiación forzosa.

Afirman igualmente la aplicación de la clasificación vigente al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio las Sentencias de  31 de octubre de 2006 (RJ 10073) y 14 y 21 de noviembre de 2006 (RJ 9410 y 9447), incluso a pesar de llevar ello a valorar como no urbanizable un terreno así clasificado pero expropiado para reserva de patrimonio público del suelo (parque temático), que se va a destinar claramente a su urbanización; criterio que nos parece erróneo pues, a pesar de la clasificación aparente, la realidad es que se trata de un terreno urbanizable.

La verdad es que, como hemos avanzado, los criterios empleados por el Tribunal Supremo no son siempre coincidentes, siendo a menudo modulados, especialmente para no perjudicar al expropiado (aunque no siempre). Así, la Sentencia de 22 de septiembre de 2001 (RJ 9176), si bien parte de que la fecha de valoración es la del inicio del expediente expropiatorio, considera que el aprovechamiento urbanístico ha de ser el que otorgaba al suelo el planeamiento aplicable en el momento del inicio del expediente expropiatorio, referido al acuerdo de necesidad de la ocupación y ocupación urgente, línea que parecen seguir las sentencias más recientes citadas por la de 18 de abril de 2017.

Podemos precisar este punto con la Sentencia de 27 de septiembre de 2001 (RJ 9549) en el sentido de que, “no obstante lo anterior, hemos de destacar que en todo caso el aprovechamiento computable es el del Plan que legitima la expropiación y de otra parte, por si ello no fuera suficiente no es menos cierto que esta Sala también ha venido señalando que el retraso en el inicio del expediente de justiprecio imputable a la Administración nunca puede perjudicar al expropiado. Por tanto aun cuando el expediente de justiprecio se hubiera iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de un nuevo planeamiento y éste atribuyera un aprovechamiento menor habría de estarse al establecido en el planeamiento que legitima la expropiación, máxime cuando la doctrina de esta Sala tiene como objeto evitar que una actuación abusiva de la Administración frustre los legítimos derechos de los expropiados”. Por consiguiente, si bien en las expropiaciones no urbanísticas habría que atender, sin más, al planeamiento vigente a la fecha de valoración, en las expropiaciones urbanísticas prevalecería, en caso de discrepancia y en beneficio del expropiado, el planeamiento legitimador de la actuación.
 

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

martes, 11 de abril de 2017

De nuevo sobre los límites del mutuo acuerdo

Tradicionalmente, la Jurisprudencia ha entendido que el mutuo acuerdo expropiatorio supone un margen de apreciación por las partes que impide su impugnación porque no se adecue exactamente a lo que resultaría de la aplicación de la Ley. En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1999 (RJ 1999\3238) nos ilustra:

“Las restantes alegaciones contenidas en el motivo vienen referidas a que el precio abonado, hemos de recordar que pactado por mutuo acuerdo, no se corresponde con el real de los bienes ni siquiera con el tasado por una Administración distinta de la expropiante, mas tales circunstancias nada tienen que ver con los preceptos invocados como infringidos. El mutuo acuerdo no tiene porqué estar establecido sobre valores reales, pues como dice la sentencia de instancia son diversos los motivos de índole subjetiva que pueden llevar a aceptar el precio ofrecido, por lo que, aceptado por el expropiado el precio ofrecido por la Administración expropiante y firmado el mutuo acuerdo, nada cabe alegar en el sentido que lo hace el recurrente, razones que conducen necesariamente a desestimar el motivo que nos ocupa”.

Por su parte, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2017 (Rec. 4021/2014), para un supuesto error de la Administración, nos dice que

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2012 (Rec. 896/2010) trata de un asunto similar al actual, si bien la impugnación del mutuo acuerdo fue iniciativa de la parte expropiada, que alegó en casación la vulneración de los arts. 1265 y 1266 CC sobre el error en el consentimiento prestado en los convenios. Dice el Tribunal Supremo:  Por lo que se refiere al error en el consentimiento, la determinación de la base fáctica para apreciar o no la concurrencia de error, corresponde a la Sala de instancia, que en el presente caso no afirma la existencia de un error eficaz para invalidar el consentimiento, sino al contrario, indica que "en el supuesto de haber incurrido en error los recurrentes, tal tendría un carácter meramente vencible y únicamente imputable a la diligencia de la parte o de los profesionales de que se sirvió".

[...] La Sala coincide con la anterior apreciación de la Sala de instancia, no discutida en casación, pues la lectura de la sentencia de esta Sala de 28 de Octubre del 1999 (recurso 5249/1995  ), que estableció un criterio de valoración de los terrenos distinto al considerado por los recurrentes en el momento del mutuo acuerdo, muestra que la valoración del suelo afectado debía realizarse teniendo en cuenta las edificabilidades otorgadas en la Ley 2/1989, de 16 de febrero, del Parlamento de Cataluña, y Decreto número 152/1989, de 23 de junio, de creación del Centro Recreativo y Turístico en los municipios de Vila-seca y Salou, lo que evidencia que en este caso los recurrentes incurrieron en un error de derecho, que hubiera podido ser vencido, como apunta la sentencia recurrida, mediante el asesoramiento jurídico correspondiente, que les hiciera ver que, a la vista de la Ley 2/89 y Decreto 152/89 citados, la cuestión de la clasificación y valoración de los terrenos como suelo rústico era cuanto menos discutible.

Al igual que en el supuesto examinado por el Tribunal Supremo, en nuestro caso el error era imputable a quien lo alega. Resulta vencible por haberse podido evitar eficazmente mediante el empleo de una mayor diligencia por los representantes de ADIF y los técnicos de la Administración que intervinieron en la gestación del convenio. Al igual que en el supuesto examinado por el Tribunal Supremo, en nuestro caso el error era imputable a quien lo alega. Resulta vencible por haberse podido evitar eficazmente mediante el empleo de una mayor diligencia por los representantes de ADIF y los técnicos de la Administración que intervinieron en la gestación del convenio”.

No obstante, la propia Sentencia admite que el convenio podría ser impugnable si se pacta un valor absolutamente desproporcionado. Dice así en su FJ 7º:

“Tanto en la resolución que declara la lesividad como en la demanda se hace referencia a que dicho error originó una vulneración del art. 36 LEF, que proclama el principio general del ajuste del justiprecio del bien expropiado a su valor real.
 
Pero difícilmente es demostrativa de la infracción del ordenamiento jurídico la mera disparidad del precio alcanzado de mutuo acuerdo con el valor real de las fincas que pueda determinarse mediante la normativa de valoración. El art. 36, por su ubicación sistemática, está dirigido a la fijación del justiprecio por el Jurado de Expropiación, no por acuerdo de las partes. En convenios expropiatorios como los de autos, concertados al amparo del art. 24 LEF, se autoriza a la Administración a la adquisición de los bienes "libremente" y por mutuo acuerdo. Y es constante jurisprudencia ( sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2012, Rec. 1377/2010 , 28 de abril de 2014, rec. 3558/2013 , 30 de junio de 2014, Rec. 5136/2011 , y 14 de julio de 2014, Rec. 3101/2013 , entre otras) que los precios convenidos entre la Administración expropiante y los expropiados no se acogen a ninguno de los criterios de valoración previstos en la legislación, pues en ellos intervienen consideraciones transaccionales que no están presentes en la fijación contradictoria del justiprecio, tales como "factores subjetivos y hasta personalísimos impulsivos y reacciones imprevisibles que desfiguran el valor real de la finca" ( sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2007, Rec. 7766/2004 ). Por parte de la Administración expropiante o la entidad beneficiaria bien pueden intervenir ventajas como la evitación de la incertidumbre del resultado del procedimiento de justiprecio o necesidades ligadas a la disposición de sus recursos económicos.
 
 Ahora bien, el establecimiento por mutuo acuerdo del justiprecio no puede desligarse del procedimiento de expropiación en que se enmarca ni, por tanto, de las reglas y garantías propias de la expropiación forzosa y el principio general de indemnización o compensación por la privación de la propiedad. Este dispone de alcance constitucional, pues no olvidemos que el art. 33.3 CE exige como contraprestación a favor del particular la "correspondiente indemnización". Tanto de esta norma como de la legislación expropiatoria (no solo nacional, sino también europea en los casos en que el Derecho de la Unión prevé esta potestad administrativa) se deduce la necesidad de que la compensación al propietario constituya una suma razonable en relación con el valor del bien. El Tribunal Constitucional, ya en sentencia núm. 166/1986, de 19 de diciembre , declaraba: "En cuanto al contenido o nivel de la indemnización, una vez que la Constitución no utiliza el término de <<justo precio>>, dicha indemnización debe corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio [...]", y continúa: "Conforme a lo expuesto, la garantía constitucional de la <<correspondiente indemnización>> concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación".
  
De este modo, cualquiera que sea el sistema o circunstancias particulares de la expropiación, la indemnización no puede desvincularse, en mayor o menor medida, del valor del bien expropiado. Y esta circunstancia no pasa desapercibida para nuestra legislación; el art. 25 REF relativo a la determinación del justiprecio por mutuo acuerdo, reitera la necesidad de tener en cuenta el "valor del bien". Así pues, el margen de apreciación o de discrecionalidad de la Administración en el convenio expropiatorio no es absoluto y debe someterse al criterio general de que el justiprecio guarde un equilibrio, proporción o correspondencia con el valor que realmente posea el bien”.


Con todo dicha sentencia estima la casación y desestima el recurso de lesividad pues éste se fundaba exclusivamente en el error.

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

martes, 14 de febrero de 2017

De nuevo sobre el ámbito espacial homogéneo

Al llamado ámbito espacial homogéneo, o entorno a tener en cuenta cuando el terreno a valorar carece de uso lucrativo, ya nos hemos referido anteriormente.

Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017 (RC 1998/2015) incide de nuevo en la determinación de este concepto, que no debe confundirse con delimitaciones espaciales del planeamiento o el Catastro. 

En esta línea, nos ilustra del siguiente modo:

A título de ejemplo y citando las más recientes: sentencia 2.088/16, de 27 de septiembre (casación 3069/14 ), en la que, en relación con el ámbito espacial homogéneo, se dice que <<se trata de un concepto jurídico indeterminado que acoge el Legislador de 2007, frente al ámbito geográfico establecido en el artículo 29 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones que lo refería al polígono fiscal. La nueva legislación deja más margen de interpretación porque no remite la delimitación espacial a cualquiera de los que se establezca por el planeamiento o la norma catastral. Por ello deberá determinarse en cada caso la delimitación geográfica de características homogéneas, es decir, de iguales caracteres o de elementos iguales , como se define por el Diccionario, en suma, de determinaciones urbanísticas. Pero esa delimitación ha de aparecer suficientemente motivada, tomando en consideración que en la determinación concreta que en cada caso se haga de ese ámbito habrá de tenerse en cuenta una identidad de determinaciones urbanísticas>>; o, la sentencia 2574/16, de 12 de diciembre (casación 1821/15 ), que, en similares términos, afirma que la nueva normativa (a partir de la Ley 8/07) <<acude ahora al concepto jurídico indeterminado de ámbito espacial homogéneo, que ha de concretarse en función de los usos y tipología de las edificaciones, porque son esa uniformidad en el destino de los terrenos los que aconsejan extender a terrenos sin aprovechamiento en el planeamiento el aprovechamiento que previsiblemente habría conferido el planificador, caso de no haberse destinado los terrenos a dotaciones públicas sin adscripciones a unidades de actuación . Así pues, será el uso y la tipología, dentro del mismo, el que determinará la configuración del ámbito espacial homogéneo, porque serán esas determinaciones a las que deba aplicarse unas mismas normas de edificación . Y esas condiciones deberán ser tenidas en cuenta en cada caso concreto, de ahí que el Legislador haya dejado al interprete determinar en cada caso el concreto ámbito espacial que reúne esas condiciones, haciendo abstracción tanto de los criterios espaciales que utiliza la normativa catastral e incluso la misma normativa urbanística . Y así ha venido a configurar el concepto el artículo 20.3º del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo , aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre al declarar que "se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo.">>.Ese criterio de la Sala de Baleares, que no compartimos (como tampoco la incorrecta valoración del arbolado, improcedente en la valoración del suelo en situación de urbanizado sin edificación, extremo no cuestionado en ningún momento), fue el utilizado -aunque en la sentencia se diga que, cuando la ordenación urbanística no detalla en relación a un suelo determinado, cuál ha de ser su concreto ámbito espacial homogéneo, <<como es el caso, la concreción de esos ámbitos espaciales y tratarse de un concepto jurídico indeterminado el Jurado deberá definir ese ámbito espacial homogéneo partiendo de la normativa urbanística de Valldemossa>> - al identificar ese ámbito espacial homogéneo con el área homogénea 2 del planeamiento de Valldemossa (casco antiguo con mantenimiento de volumetría) que es <<el área en donde se integran todos los terrenos lucrativos que afectan al conjunto de la Cartoixa y sus alrededores, pues no hay que olvidar que ese conjunto monumental es un Bien de Interés Cultural, absolutamente relevante y digno de protección, de forma que merece una consideración especial y singularísima, sobre el resto del núcleo urbano de Valldemossa>>, con clara infracción del principio de equidistribución de beneficios y cargas al hacer recaer, con carácter exclusivo, sobre el expropiado las consecuencias negativas de haber incluido su suelo en un sistema local (ELP-07), establecido en beneficio de la Cartuja y, consiguientemente del casco antiguo, con la finalidad de preservar sus aledaños de la acción urbanizadora, y que, como tal, han de ser también soportadas por la comunidad que queda beneficiada con dicho ELP-07.Incurre, pues, la Sala en un error jurídico al interpretar el concepto de ámbito espacial homogéneo del art. 24.1 TRLS 2008 (que no puede venir determinado por el planeamiento) , lo que no cabe confundir con la concreción física -en cada caso- de ese concepto jurídico indeterminado, cuestión fáctica a determinar por el órgano de instancia sobre la base del acervo probatorio que disponga y que, en este caso, no podría haberse revisado desde el momento en que se inadmitió el motivo en el que se denunciaba la valoración arbitraria e ilógica de la prueba.


Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
[siguiente] [Contextualizar]
[siguiente] [Contextualizar]
[siguiente] [Contextualizar]

miércoles, 7 de diciembre de 2016

El usufructuario no tiene derecho a justiprecio por fallecimiento anterior a la expropiación



El usufructo suele tener carácter vitalicio. En tal caso, si el dueño fallece antes de la expropiación, el usufructo se extingue y su titular no puede reclamar una indemnización en el expediente de justiprecio.

Aborda esta cuestión la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2016 (RC 1770/2015):

TERCERO.- Los motivos primero, segundo y tercero pueden ser examinados conjuntamente, en cuanto frente a la consideración en la sentencia de que la recurrente no tiene otro título que el de usufructuaria de la finca legada a la Congregación de las Hermanitas de los Pobres y de que la reclamación del justiprecio se formula en la demanda como si fuese titular del pleno dominio, ignorando así los derechos que pudieran corresponder a la nuda propietaria, lo que se esgrime en los indicados tres motivos como argumento esencial es su condición de heredera por fallecimiento del testador con posterioridad a la ocupación de la superficie expropiada.
Fallecido en efecto el Sr. Sixto con posterioridad a la ocupación de la parte de la finca expropiada y, en consecuencia, ya no formando parte del caudal hereditario al tiempo de la sucesión (recordemos que los derechos de la sucesión se trasmiten desde el momento de la muerte, artículo 657 del Código Civil ), los motivos que examinamos necesariamente deben estimarse, en cuanto el derecho a la reclamación y cobro del justiprecio, salvo disposición testamentaria en contrario, inexistente en el caso de autos, viene a acrecer el caudal hereditario correspondiente al heredero, sucesor del difunto en todos sus derechos y obligaciones ( artículo 66 del Código Civil ).
Es de advertir en línea con lo expuesto que si hubiera sido voluntad del testador compensar a la legataria por la desaparición de su patrimonio de la titularidad o de parte de los bienes legados, nada le impedía haberlo manifestado en testamento posterior.
Pero es que, además, debemos significar que el titular de un derecho real de usufructo, que le confiere el derecho real de uso en su calidad de usufructuario, sí tiene legitimación para intervenir en el proceso expropiatorio en cuanto el justiprecio de su derecho viene determinado en atención a la valoración del bien o derecho expropiado. 

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

viernes, 2 de diciembre de 2016

El IBI corre a cargo del expropiado hasta la ocupación de la finca o el pago del justiprecio



El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 28 de julio de 2016 (recurso 76/2013), ha determinado el momento en el que se produce el cambio de titularidad catastral de una finca afectada por un procedimiento expropiatorio.

En el caso analizado, nos hallamos ante una expropiación por ministerio de la Ley, en virtud de las previsiones del artículo 108 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo. Por ello, la parte recurrente argumenta que, al tratarse de una expropiación “ope legis”, la modificación de la titularidad de la finca tiene lugar con la presentación de la hoja de aprecio.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende que en las expropiaciones por ministerio de la Ley se diferencian dos fases.

La primera fase está constituida por la advertencia de la expropiación. En el caso que nos ocupa, el artículo 108 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/2005 dispone que “Una vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del plan de ordenación urbanística municipal, en el supuesto de que no disponga de programa de actuación urbanística municipal, o una vez agotado el plazo establecido por el programa o la agenda, si no se ha iniciado el procedimiento de expropiación de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos que, en virtud de las determinaciones del plan, tengan que ser necesariamente de titularidad pública y que no estén incluidos, al efecto de su gestión, en un polígono de actuación urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico, las personas titulares de los bienes pueden advertir la administración competente de su propósito de iniciar el expediente de valoración”.

En consecuencia, la segunda fase coincide con el inicio del expediente del justiprecio. En este sentido, el precepto anteriormente referenciado recoge que “Si transcurre un año desde la formulación de la advertencia y la administración no ha dado respuesta, el inicio del expediente de valoración se produce por ministerio de la ley; a tal efecto, las personas propietarias pueden presentar la hoja de aprecio correspondiente y, si transcurren tres meses y la administración no la acepta, se pueden dirigir al Jurado de Expropiación de Cataluña, la resolución del cual para fijar la valoración agota la vía administrativa”.
Así, el cambio en la titularidad catastral de los bienes inmuebles expropiados debe tomar en consideración las previsiones del artículo 53 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, por lo que “hasta tanto no se pague el justiprecio y se ocupe posteriormente la finca, esta continua siendo propiedad del expropiado, el cual, aún cuando no pueda efectuar actos de disposición puede continuar poseyéndola y en su caso obtener sus frutos”.

La Sala concluye que la expropiación por ministerio de la Ley únicamente tiene particularidades en la forma de inicio, la fecha de expropiación y la fecha tomada en consideración para el cómputo de los intereses de demora, siendo aplicables las previsiones del procedimiento expropiatorio ordinario en los demás aspectos. En consecuencia, el IBI corre a cargo del expropiado hasta la ocupación de la finca o el pago del justiprecio.
  

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite que el expropiado debe ser compensado por la actuación dilatadora de la Administración expropiadora, aunque determina que la compensación debe realizarse “por otras vías (como son el pago de intereses de demora, los cuales si media procedimiento judicial y se observa falta de diligencia pueden ser incrementados en dos punto o, incluso la exigencia de responsabilidad por mal funcionamiento), pero en ningún caso puede modificarse las reglas de la expropiación”. 

Neus Teixidor Martínez
Abogada

martes, 8 de noviembre de 2016

Posible nulidad del procedimiento expropiatorio: información pública y actas previas




Traemos hoy aquí la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2016 (RC 1329/2015) que aborda la supuesta vía de hecho en un expediente expropiatorio, y, en particular, admite la simultaneidad del trámite de información pública y la citación para el levantamiento de las actas previas.
 
1.- En primer lugar, la Sentencia recapitula sobre la aplicación al procedimiento administrativo y, en particular, el expediente expropiatorio de la nulidad y la vía de hecho, recogiendo la tesis jurisprudencial de que las infracciones formales solo producen la anulación del acto si producen indefensión y que la vía de hecho supone la ausencia de procedimiento, no la existencia de infracciones formales en el mismo:

“las alegaciones actoras sobre defectos procedimentales de la actuación administrativa son incompatibles con la vía de hecho denunciada: respecto de las fincas expropiadas a los recurrentes, si es que efectivamente lo fueron como consecuencia del proyecto básico de referencia -porque, repetimos, nada se acredita al respecto- hubo procedimiento administrativo y los trámites esenciales se guardaron, por lo que no cabe hablar de omisión total y absoluta de procedimiento que pudiera justificar la existencia de vía de hecho por considerar que dada la entidad y gravedad de los defectos formales el acto administrativo resulta nulo de pleno derecho por aplicación de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 30/1.992 sobre Régimen Administrativo y Procedimiento Administrativo Común . Otra cosa es que pudieran apreciarse irregularidades procedimentales que sólo podrían afectar a la eficacia de los actos por la vía de la anulabilidad, prevista en el artículo 63 de la mencionada Ley Procedimental. Pero para que se produzca esa anulabilidad, es presupuesto imprescindible que se hubiese ocasionado indefensión o impidiera al acto producir su fin; circunstancias que no son apreciables en el presente caso, porque esa indefensión ha de considerarse real y efectiva y no meramente formal, en el sentido de que con la irregularidad procedimental se hubiese impedido al interesado hacer alegaciones en defensa de su derecho y aportar las pruebas de las que se crea asistido en justificación de dichas alegaciones. Y esa exigencia, como ya se dijo antes, no cabe apreciarla en el caso de autos, porque ni se concreta ni se utilizaron los trámites que fueron ofrecidos a los expropiados, de lo que cabe concluir que, en el supuesto de admitirse -a los meros efectos del debate suscitado- la irregularidad procedimental, ninguna eficacia tendría para la retroacción del procedimiento, a no ser la pretensión -ahora manifiestamente improcedente- de un aumento del justiprecio que en su día se fijase. Y esa conclusión es relevante, porque al examinar los supuestos de nulidad o anulabilidad de actos administrativos por defectos formales, la Jurisprudencia viene admitiendo una teoría sustancialista conforme a la cual deben evitarse esas declaraciones cuando sea previsible que la Administración, subsanada la irregularidad formal, pueda dictar una resolución de contenido idéntico, por resultar procedente en Derecho.

En conclusión, la vía de hecho denunciada por los recurrentes se fundamenta en supuestos vicios procedimentales que determinarían la nulidad absoluta o inexistencia jurídica de las resoluciones a que se refieren. Y se han expuesto ya suficientemente las razones por las que ni cabe hablar de nulidad de la resolución, ni menos aún de una inexistencia de acto que legitime la ocupación de los terrenos -que es la ejecución material a la que habría de referirse la vía de hecho-, porque en el ámbito del Derecho Administrativo a lo más que podría llegarse es a considerar algún sector doctrinal que esa inexistencia de acto habría de incardinarse en los supuestos de nulidad de pleno derecho que se contemplan en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ; declarando el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de Octubre de 2.010 (recurso de casación 1052/08 ) que la vía de hecho ha de vincularse a la ausencia total y absoluta de procedimiento, sin que sea asimilable a la ausencia de algún trámite que debe reconducirse al procedimiento ordinario de impugnación del concreto acto ( Sentencia de 31 de Octubre de 2.008, recurso de casación 1007/07 )”.
 
2.- En segundo lugar, la Sentencia, recogiendo la Jurisprudencia sobre el carácter esencial de la información pública sobre los bienes y derechos a expropiar, que no se satisface con una información pública prevista en leyes sectoriales que se refieren a un proyecto sin concreción de bienes y derechos a expropiar, admite que la información pública pueda simultanearse con la convocatoria al levantamiento de las actas previas:
 
“Ello nos sitúa ante la necesidad de conceder ese trámite de información pública, y el momento adecuado para ello, en los procedimientos expropiatorios tramitados por vía de urgencia. La jurisprudencia ha afirmado que en estos casos el trámite de información pública sigue siendo necesario aunque no requiere que tenga carácter previo. Así en STS, Sala Tercera, sección 6, de 14 de noviembre de 2000 (Recurso: 2939/1996) dijimos que "el trámite de información pública del artículo 18 de la Ley de Expropiación en los supuestos de expropiación urgente cuando la obra o finalidad determinada ha sido objeto de un proyecto debidamente aprobado, no es necesario que tenga carácter previo, pues el artículo 52.1 de la Ley dispone que se entenderá implícita la necesidad de ocupación según el proyecto aprobado y los reformados posteriores, sin perjuicio, claro está, de la información pública previa a la aprobación del proyecto de obras que venga legalmente exigida".
 
Y en la sentencia STS, Sala Tercera, Sección 6, de 10 de Noviembre del 2009 (Recurso: 1754/2006) destacábamos que "En cuanto al trámite de información pública sobre la relación de bienes cuya ocupación se considera necesaria, es verdad que no está expresamente previsto para el procedimiento de urgencia en el art. 52 LEF. No obstante, en vía de desarrollo reglamentario, el art. 56 del REF, tras decir que el acuerdo de ocupación urgente debe hacer referencia a los bienes a ocupar, establece que debe recoger asimismo "el resultado de la información pública en la que por imposición legal o, en su defecto, por plazo de quince días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate". Además, esta Sala tiene declarado, en todo caso, que el mencionado trámite de información pública es preceptivo también en el procedimiento de urgencia. Así, entre otras, las sentencias de 29 de octubre de 2002 o de 18 de marzo de 2005. La razón es que sólo mediante ese trámite específico pueden los afectados hacerse oír sobre la proyectada expropiación de sus fincas".
En esta misma sentencia recordábamos que dicho trámite no queda suplido por el trámite de información pública que prevén determinadas leyes sectoriales respecto del proyecto que se pretende ejecutar, como es el caso del art. 10.4 de la Ley de Carreteras , siendo necesario acudir al trámite de información pública previsto en el procedimiento expropiatorio. Y esta exigencia se produce, según la citada sentencia, cuando el trámite previsto en la ley sectorial se refiere a las características generales de la carretera proyectada, no a las concretas fincas que se deberán expropiar para su construcción; es decir, esos trámites versan sobre la oportunidad de la obra que justifica la expropiación, no sobre bienes determinados. De aquí que los afectados no puedan por esos trámites defender sus intereses de la misma manera que pueden hacerlo mediante el trámite de información pública del art. 18 LEF , que sí versa sobre la relación de bienes cuya ocupación se considera necesaria. Y por ello también se descartaba que el trámite previsto en el art. 19.2 LEF sirva para este fin, en cuanto permite sólo la corrección de errores del proyecto de obras que lleva aparejada la declaración de necesidad de ocupación, pero no permite alegar nada con respecto a la necesidad de ocupación misma.
En definitiva, esta jurisprudencia se ha asentado sobre la base de brindar a los expropiados la oportunidad real de alegar sobre la necesidad de ocupar los bienes y derechos afectados por la expropiación, desterrando así cualquier indefensión material.
No debe olvidarse finalmente que las garantías del procedimiento expropiatorio están estrechamente vinculadas con la finalidad que con ellas se persigue, y se ha descartado la nulidad de las actuaciones, aun cuando se aprecie una infracción del procedimiento, cuando dicha infracción no ha privado a los afectados de las posibilidades de defensa y alegación, tal y como se advierte claramente en las sentencias del TS, Sala Tercera, sección 6ª, de 14 de noviembre de 2000 (Recurso: 2939/1996 ) y la STS, sección 6 del 24 de noviembre de 2004 (Recurso: 6514/2000 ), así como del conjunto de la jurisprudencia existente sobre este punto>>.
En el supuesto que nos ocupa, por resoluciones de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fechas 21 de septiembre y 8 de octubre de 2009, se abrieron periodos de información pública durante un plazo de quince días para que <<[...] los titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la ley de Expropiación Forzosa y en el art. 56 del Reglamento para su aplicación>>, añadiendo que se podrá consultar el anejo de expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento como en los Ayuntamientos afectados. En estas mismas resoluciones se añadía <<[...] Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican>>. Estas resoluciones se publicaron en el BOE de 28 de septiembre y 16 de octubre de 2009 incorporando una relación de todos los titulares y de los bienes y derechos afectados por el proyecto expropiatorio, así como en los demás Boletines Oficiales y periódicos que refiere la sentencia recurrida.
A la vista de estos documentos y de la jurisprudencia antes apuntada, debemos afirmar que el trámite de información pública, iniciado inmediatamente después de la aprobación del proyecto de expropiación y, al que se acompañaba la relación de los titulares y de los bienes expropiados, tuvo por finalidad conceder a las partes la posibilidad de formular alegaciones por un plazo de 15 días <<[...] de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la ley de Expropiación Forzosa y en el art. 56 del Reglamento>>. Y que los afectados dispusieron de un trámite de información pública y alegaciones en el que pudieron plantear cuantas objeciones tuvieron por conveniente respecto de la utilidad pública, de la necesidad de ocupación y de los bienes y derechos afectados por el proyecto expropiatorio, sin que la apertura de ese trámite estableciese limitación alguna al respecto.
En consecuencia, el recurso debe desestimarse, en cuanto se fundamenta en la ausencia del trámite de información pública, sin que constituya obstáculo para considerar que sí se ha cumplido dicho trámite de información pública el que junto al mismo se convocase a los interesados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación un mes después, pues el hecho de que se simultanearan ambas convocatorias (información pública y convocatoria al levantamiento de actas previas de ocupación), aunque no es deseable y sería preferible que se acordaran de forma sucesiva, no es generadora de indefensión material ni una infracción generadora de la nulidad del procedimiento, pues no impidió a las partes disfrutar del plazo de 15 días para formular alegaciones ni limitó el alcance de las mismas. Si la precipitación en convocar a los interesados a un nuevo trámite del procedimiento expropiatorio hubiese impedido el análisis y resolución de las alegaciones planteadas ello afectaría a las actuaciones posteriores pero no invalida el trámite previo de información pública y práctica de alegaciones, sin que ello impida tampoco la posibilidad de ocupación inmediata de los bienes (art. 52.1 de la LEF ), careciendo de trascendencia el que el ordenamiento permita interponer un recurso de alzada, pues si del resultado de las alegaciones suscitadas hubiese sido necesario suspender el levantamiento de las actas previas de ocupación ello afectaría a los que se encontrasen en esta tesitura, pero se trata de una circunstancia ajena al supuesto que nos ocupa, en el que los afectados no consta que presentasen alegación alguna sobre la necesidad de ocupación en relación a los bienes y derechos de los que son titulares.
En el sentido expresado y en un supuesto análogo al ahora enjuiciado de expropiación de una infraestructura ferroviaria, en el que se simultaneó el trámite de información pública y la convocatoria de los interesados para el levantamiento de las actas de ocupación, nos hemos pronunciado en sentencias de 2 de febrero de 2015 (recurso de casación 2914/2013), 4 de mayo de 2015 (recurso de casación 4407/2012) y 20 de mayo de 2015 (recurso 1420/2013)”.
 
3.- Finalmente, la Sentencia admite que las actas se levanten en el Ayuntamiento y no en las propias fincas, pues tal irregularidad no ocasiona indefensión.

“Solo procede añadir a lo ya expuesto, dando así respuesta a la irregularidad que se denuncia en el motivo casacional cuarto, relativa a la convocatoria de los afectados para el levantamiento de las actas de ocupación en las sedes de los ayuntamientos en los que se ubican las fincas expropiadas, que en los acuerdos publicados consta que deberá convocarse a los interesados conocidos mediante citación individualizada; que la sentencia recurrida refiere, y no se combate, la imprecisión fáctica de la demanda al no ofrecer datos concretos en relación a las fincas afectadas y que ni la convocatoria para el levantamiento de las actas de ocupación en dependencias municipales permite inferir sin más que se ha incumplido la obligación legal de su levantamiento en el lugar en el que se encuentran las fincas, ni su levantamiento en esas dependencias constituye un supuesto de nulidad radical, ni consta ni se alega que hubiera originado indefensión”.
 

 
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

 

martes, 12 de julio de 2016

El régimen del silencio administrativo en la expropiación no corresponde al Derecho autonómico: el Jurado de Expropiación de Asturias


El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Sentencia de 30 de junio de 2016 (Rec. 214/2015) anula la previsión sobre el silencio administrativo del Jurado en la normativa autonómica. Dice así:
Desde luego la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento, no contemplan la posibilidad de una desestimación presunta, siendo cierto además, que no se conocen, al menos en esta Sala, supuestos de actos presuntos emanados de Jurados distintos del autonómico, debiendo referirnos al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias

El Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de julio de 2013, recurso de casación para unificación de doctrina 4041/2012, con motivo de la estimación de un recurso de casación articulado frente a una sentencia dictada por esta Sala con fecha 2 de julio de 2012, en el PO 223/11, ya señaló: "Lousual es que las cuestiones relativas al justiprecio lleguen ante los órganos de este orden jurisdiccional mediante recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Jurado de Expropiación: en este supuesto, el Tribunal debe comprobar si la prueba practicada permite destruir la llamada presunción de validez y acierto del acuerdo del Jurado y, si es así, anularlo y establecer el justiprecio adecuado con base precisamente en el material probatorio recogido en las actuaciones. Ello quiere decir que sólo caben dos posibilidades: bien el Tribunal confirma el acuerdo del Jurado de Expropiación, bien lo anula y fija él mismo un nuevo justiprecio. Lo que no cabe es que el Tribunal dé por buena, so pretexto de que no se ha acreditado que fuese incorrecta, la valoración inicial ofrecida por la Administración expropiante, recogida en su hoja de aprecio o en la tasación conjunta. La razón por la que ello no puede admitirse es muy clara: la valoración ofrecida por la Administración expropiante no goza de ninguna presunción de validez y acierto. No deja de ser la oferta de una de las partes, a diferencia del acuerdo del Jurado, que recoge la tasación llevada a cabo por un órgano especializado y no encuadrado dentro de la jerarquía administrativa. Más aún, la hoja de aprecio de la Administración expropiante o la tasación conjunta no pueden ser caracterizadas como actos administrativos, de los que quepa predicar la ejecutividad prevista en el art. 56 LRJ-PAC , sino que más bien se trata de trámites dentro del procedimiento expropiatorio. Así las cosas, hay que concluir que la doctrina reflejada en la sentencia impugnada no es ajustada a derecho.
Dicho esto, a fin de aclarar cuál es el enfoque jurídicamente correcto en el presente caso, es preciso hacer otra consideración: El silencio administrativo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias resulta gravemente perturbador para el adecuado funcionamiento del procedimiento expropiatorio y, más en general, para una fijación del justiprecio respetuosa de los principios que, con arreglo a la Constitución y a la Ley de Expropiación Forzosa, deben presidir esta materia. Y es gravemente perturbador porque, como acaba de exponerse, puede conducir a la fijación del justiprecio sin seguir alguna de las solas tres vías idóneas para ello según la legislación española de expropiación forzosa. Ciertamente, no es función de esta Sala establecer cuál es la interpretación correcta de una disposición reglamentaria autonómica; pero sí lo es recordar que la competencia de las Comunidades Autónomas para crear Jurados de Expropiación autonómicos -fundada, según una bien conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en su potestad de autoorganización- no se extiende a la aprobación de normas que inciden en aspectos esenciales del procedimiento expropiatorio, como sería indudablemente una norma que estableciese el momento en que aquél puede considerarse concluido por silencio administrativo dejando expedita la vía contencioso-administrativa. Con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa, única aplicable en todo el territorio nacional en cualesquiera cuestiones relativas al procedimiento expropiatorio, el Jurado de Expropiación debe en todo caso adoptar el acuerdo de fijación del justiprecio y la garantía frente a un posible retraso del mismo viene legalmente dada por los intereses de demora, tal como inequívocamente disponen los arts. 56 y 57 Ley de Expropiación Forzosa. La eficacia y la uniforme interpretación del procedimiento regulado en la Ley de Expropiación Forzosa, en otras palabras, no pueden ser puestas en entredicho por disposiciones autonómicas. Téngase en cuenta que lo que aquí está en juego es la igualdad de todos los ciudadanos en el goce de un aspecto crucial del derecho de propiedad."

Por tanto, el Tribunal Supremo viene claramente a señalar que la norma autonómica está incidiendo en aspectos esenciales del procedimiento expropiatorio, fijando la aplicabilidad del silencio administrativo a un ámbito vedado para el legislador autonómico, en este caso para el Reglamentador, ya que las bases del procedimiento expropiatorio deben ser fijadas por el legislador estatal conforme establece el art. 149.1.18 de la Constitución. Es decir, se está atribuyendo unas consecuencias a la falta de resolución del Jurado que no contempla la legislación básica aplicable.

A lo anterior, no obsta en el que efectivamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 136/95, de 25 de septiembre, haya señalado que no es viable la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a un acto presunto del Jurado. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en un recurso de amparo y desde la perspectiva de una eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, señala que la tutela judicial debe satisfacerse al particular recurrente en vía judicial, ofreciéndole una salida en los supuestos en los que hay una inactividad por parte del Jurado en su función de fijación del justiprecio. Esa salida no necesariamente es la ficción del silencio administrativo como fórmula de dejar expedita la vía judicial, sino que incluso apunta la posibilidad de que se pueda obligar a la Administración incumplidora de su función a cesar en su inactividad, obligándola a dictar la resolución correspondiente, fundamento jurídico cuarto, párrafo cuarto. La propia Ley Jurisdiccional en su art 71.1 c), prevé que se pueda fijar un plazo para que la Administración emita un acto administrativo, en la eventual sentencia estimatoria que se pudiera dictar por la inactividad indebida de la Administración.
En definitiva, el Tribunal Constitucional trata en su sentencia de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva habilitando una salida para aquel ciudadano que sufre la falta de resolución del Jurado. Pero desde la perspectiva de la actividad material llevada a cabo por el Jurado, y siempre y cuando su derecho a la tutela judicial efectiva quede garantizado, el que la legislación autonómica, como acontece con la del Principado de Asturias, prevea la desestimación presunta por silencio administrativo, de la hoja de aprecio del expropiado, es contrario al sistema de reparto competencial fijado en nuestra Constitución en la forma más atrás expuesta. A ello debemos añadir además que la función del Jurado no consiste en estimar o desestimar una solicitud, en este caso una hoja de aprecio, sino en realizar una función sustantiva y legalmente predeterminada que consiste en realizar una valoración aplicando el método previsto sobre la base del previo análisis de las hojas de aprecio presentadas por las partes, culminando así la fase de fijación del justiprecio que regula la Ley de Expropiación Forzosa en sus arts. 24 y ss.

De lo anterior, cabe concluir que el sistema diseñado en el Decreto 22/04, no es respetuoso con la legislación básica en materia expropiatoria, tal y como apunta el propio Tribunal Supremo en su doctrina jurisprudencial, sin que exista necesariamente una afección al derecho o a la tutela judicial efectiva, con la interpretación más atrás patrocinada de los supuestos de inactividad por parte de los órganos administrativos tasadores.
En consecuencia, considera esta Sala que debe declararse la nulidad del inciso tercero del art. 13 del Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Provincial de Expropiación del Principado de Asturias”.

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado