jueves, 16 de mayo de 2013

De nuevo sobre la valoración de la prueba en la casación contencioso-administrativa

 

En buena teoría, con una Justicia que funcionase adecuadamente, puede convenirse en que las pruebas las valore el tribunal de instancia y el Tribunal Supremo realice una última protección de la Ley y la Jurisprudencia, al tiempo que cree ésta; y, aun cuando tal planteamiento dista mucho, en todos los sentidos, de nuestra realidad, sigue siendo el proclamado por el Tribunal Supremo.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013 (Rec. casación 3711/2011) contiene los siguientes pronunciamientos:

- En primer lugar, la motivación de la Sentencia no exige valorar todas y cada una de las pruebas: "la Constitución no garantiza el derecho a que todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes del litigio hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado por parte de los jueces y tribunales a los que, ciertamente, la Constitución no veda ni podría vedar la apreciación conjunta de las pruebas aportadas" (Auto TC 307/1985, de 8 de mayo) (S. 14-7-2003). Y por su parte esta Sala, en sentencia de 30 de enero de 1998, citada por la de 19 de abril de 2004, mantiene que "la falta de consideración de un determinado medio de prueba no es por sí suficiente para considerar que la sentencia incurre en un defecto de motivación."

- El supuesto carácter tasado de la prueba de documentos públicos es relativo: “en cuanto a la pretendida vulneración de los preceptos relativos a la valoración de la prueba de documentos públicos, no es ocioso recordar, que "...no se infringe el principio de prueba tasada cuando el contenido de los documentos públicos u oficiales es ponderado en unión de otros medios probatorios producidos en el juicio.  Pretender lo contrario supondría tanto como burlar la soberanía indudable del Tribunal que dictó la sentencia para apreciar la prueba, dando lugar a un motivo de casación no contemplado en el artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, tal como ha dicho esta Sala en Sentencia de 2 de octubre de 2000, recogiendo una extensa doctrina anterior, que sintéticamente puede expresarse en el sentido de que el documento público no tiene prevalencia sobre otras pruebas y por sí solo  no basta para enervar una valoración probatoria conjunta, vinculando al órgano judicial sólo respecto del hecho del otorgamiento y su fecha, de tal manera que el resto de su contenido puede ser sometido a apreciación con otras pruebas." (sentencia de 21 de noviembre de 2001, que es evocada en la más reciente de esta misma Sala y sección de 17 de octubre de 2011 en rec. nº 1193/2008, y en el mismo sentido y similares términos, la sentencia, también de esta misma sección, de 16 de marzo de 2010 dictada en rec. Nº 2243/06, fundamento de derecho sexto, párrafo segundo)”.

- Finalmente, por lo que se refiere a la revisión de la pericial en casación: “Con carácter general, debe recordarse, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones (por todas nuestra sentencia de 7 de octubre de 2011, rec. nº 978/2008), que "...el órgano judicial, como se afirma entre otras en Sentencia de 12 de febrero de 1996, no está vinculado por el resultado de la prueba pericial como tampoco lo está por los acuerdos de los Jurados, siempre que razone debidamente la discrepancia y apartamiento de la pericia, bien por indebida aplicación de elementos de hecho o por incoherencia o falta del necesario razonamiento o por contradicción con otras pruebas, dado el principio de valoración conjunta de la prueba.". A renglón seguido debe decirse, que no cabe invocar en casación los preceptos que en la valoración de la prueba obligan a sujetarse a la sana crítica con el fin de sustituir la del juzgador por la propia (sentencia de 17 de noviembre de 2009, rec. nº 108/2006, entre otras), pues, debe anticiparse ya, no se aprecia, en los términos y con los límites, ya apuntados antes, en que se desarrolla la litis en la primera instancia (que también han de condicionar las lindes de esta casación), que la Sala sentenciadora se haya conducido con falta de lógica o irracionalidad en la valoración de la prueba, o que le lleve su valoración a conclusiones inverosímiles. A estos efectos, no estará de más recordar, como dijimos en nuestra STS de 23 de febrero de 2009 (Rec. Cas. 6289/2005 ), que "el recurso de casación no es el camino adecuado para revisar la apreciación de la prueba realizada por los jueces a quo ni para alterar el relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, salvo que se sostenga y se demuestre, invocando el motivo de las letra d) del artículo 88, apartado 1, de la Ley 29/1998 , la infracción de algún precepto que discipline la apreciación de pruebas tasadas o que esa valoración resulta arbitraria o ilógica [véase, por todas, las sentencias de 6 de octubre de 2008 (casación 6168/07, FJ 3º), y 26 de enero de 2009 (casación 2705/05 , FJ 2º)]. No basta, pues, con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, o incluso que es erróneo, sino que resulta menester demostrar que las inferencias realizadas son, como decimos, arbitrarias, irrazonables o conducen a resultados inverosímiles [véanse las sentencias de esta Sala y Sección, de 24 de octubre (casación 2312/96, FJ 3º) y 21 de noviembre de 2000 (casación 2930/96 , FJ 10º)]".



Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

2 comentarios:

  1. ANTONIO MARTIN MORADILLO, DNI 17797893X, PRESIDENTE DE INSUMANCIA, DICE: Este blog, prudente y cauto, enuncia su noticia diciendo: " En buena teoria,con una Justicia que funionase adecuadamente...." Y los particulares, los que sufrimos, esa "inadecuación" vemos el DETERIORRO de los derechos de los ciudadanos. Ve el Heraldo de A. 15/V/2013, que dice: Los pleitos de los particulares contra la administración se han reducido en un 60%...Carnicer desliza que los Abogados van a ir al paro...y que se criminalizarán los procedimiento..y es el caso de las expropiaciones. ¡Hace falta tener mucha audacia para reclamar al este NEFASTO GOBIERNO!
    lAS TASAS,la modificación del la Ley de E.F. el 27/12/2012, y "los palmeros" del Gobierno impiden que el Gobierno pague lo que debe. Nuestra creencia es que muchos funcionarios, AL FIN AL CABO ASALARIADOS DEL GOBIERNO, como es el caso de Catedráticos, Jueces, Fiscales, Periodistas, todos ello "acongojados" por el Gobierno, con penas de ostracismo, truncamientos de carreras, retiradas de subvenciones, conviertan España en un Erial Jurídico, y que solo, una pandilla, escasa, de audaces, temerarios, y talibanes, luchen por los derechos. No hay dinero para pagar a los afectados. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o el que CAPRICHOSAMENTE ADOPTA EL ESTADO, no contestando a las DEMANDAS DE DAÑOS por las expropiaciones, emborronando y confundiendo a todos obliga al afectado, abandonar su causa.
    Jurado de Exp de Soria, con un Abogado del Estado, con una INSUSTANCIALIDAD RAYANA EN LA ESTULTICA, desmonta las necesidades, y como se le ha olvidado la Constitución, declina su responsabilidad en favor de ¡El vocal Técnico!
    Un ERROR DEL JURADO, EL CONSEJO DE MI9NISTROS DE ESPAÑA, LO CONVIERTE EN UN SUCESO BALADÍ. ¿En que manos nos deja Rajoy? En Soraya....

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  2. ANTONIO MARTIN MORADILLO, DNI 17797893 X, cree que las múltiples derivaciones legales concomitantes con la Ley de E.F. de 1954, convierten el proceso Expropiatorio en una "Selva Impenetrable", y expone su teoria y planteamiento de la MODIFICACIÓN DE DICHA LEY, presentando un guión básico para elaborar esa Modificación, con:
    1º.- Comentarios a la Justificación de la Ley (Carecen de rigor a día de hoy).
    2º.- Modificación del articulado de la Ley.
    3º.- Modificación del articulado del Reglamento de dicha Ley.
    4º.- Determinación Anexa de las afecciones por las Nuevas Leyes como es la Ley del Suelo, etc.
    5º.- Adecuaciones técnicas, Internet, y Jurídicas a día de hoy Mayo 2013. y con un borrador así:
    6º.-Cumpliéndose casi 60 años de Vigencia de dicha Ley, podemos suponer que es necesaria una reforma sustancial de ella, adecuando además de sus artículos con la actualización de la Constitución, con la Ley del Suelo, etc, y adecuar la Indefensión del afectado por incumplimiento de los plazos temporales, demoras en el pago del justiprecio hasta el infinito, así como los daños causados en los bienes resultantes de las expropiaciones, tanto por los errores del proyecto, como por la mala actuación del constructor. Determinar y articular en el lugar preminente y principal las Exprop. de Urgente Ocupación, que constituyen el 90 %. Pago de rápida ocupación. Demora y anatocismo. Adecuación de la Informática para información a los afectados. Descripición completa de la Situación Inicial del bien, Afección según Proyecto, y Resultado final, y su situación. Informe en 3 Dimensiones, con soporte informático, complementario al Proyecto aprobado, y con descripción en Goolzoom, amplio y detallado. Gráficos y coordenadas.
    Recopilación y entrega de las Sentencias favorables al afectado, en DVD.
    Información de la legislación aplicable Estatal o Autonómica.
    Supresion de TASAS JUDICIALES. hasta un límite amplio y consensuado. ¡ Es un Asunto Importante!
    SUPRESIÓN EN ESTE PROCESO EXPROPIATORIO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
    Modificación y actualización de la composición del Jurado de expropiación. Equidad en su composición, entre los "ASALARIADOS DEL ESTADO",como son Jueces, Abogados del Estado, etc, con defensores del Afectado.
    Fijación de plazos de ejecución y pago. Prevalencia de este Proceso sobre cualquier Juicio y Sentencia de Actos de "poca monta".

    Seguiremos con nuestra exposición.....La UNIVERSIDAD DE INSUMANCIA, HA CREADO UN PLAN PARA SU DESARROLLO, .
    UN SALUDO.

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