miércoles, 28 de marzo de 2012

La cuantía de la casación en las expropiaciones

La "cuantía" es un elemento fundamental para acceder al Tribunal Supremo, a través del recurso de casación, contra las Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en relación con el justiprecio de la expropiación. Esa cuantía actualmente es de nada más y nada menos que 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, cifra considerada por muchos excesiva.
En fin, a ello se añade una doctrina claramente restrictiva del Tribunal Supremo que, en la aplicación e interpretación de las normas que regulan el recurso de casación, tiende a optar por la interpretación más tendente a cerrar el paso a los recursos.
Un primer punto es la división de la cuantía en función de los recurrentes. Así el Tribunal Supremo, entre otros, en su Auto de 17 de abril de 2001 (RJ 2001, 4303), acoge una tesis restrictiva al respecto, considerando en un supuesto de expropiación forzosa de una finca perteneciente a varios herederos que «en este caso el bien expropiado pertenece a los recurrentes en régimen de copropiedad... por lo que, a falta de prueba en contrario, las cuotas de participación de cada propietario en el inmueble se presumen iguales y ello como consecuencia de la subrogación "mortis causa" en favor de los recurrentes en la posición que ocupaba el anterior titular del dominio sobre el bien expropiado, existiendo por tanto una acumulación subjetiva de acciones en el proceso, siendo la pretensión de cada uno de ellos la tercera parte de la pretensión ejercitada en el mismo, teniendo en cuenta el importe principal reclamado en los términos anteriormente expuestos, resultando así una cantidad inferior» a la mínima para recurrir en casación.
No obstante, las reglas 6ª y 7ª del artículo 252 de la vigente LECiv . aplicables supletoriamente, determinan que «la concurrencia de varios demandantes o de varios demandados en una misma demanda en nada afectará a la determinación de la cuantía, cuando la petición sea la misma para todos ellos. Lo mismo ocurrirá cuando los demandantes o demandados lo sean en virtud de vínculos de solidaridad», de suerte que sólo «cuando la pluralidad de partes determine también la pluralidad de las acciones afirmadas, la cuantía se determinará según las reglas de determinación de la cuantía que se contienen en este artículo», esto es, que las prevenciones legales sobre cuantía en caso de acumulación sólo tienen relevancia cuando se trata de una acumulación no meramente subjetiva.
A pesar de ello, el Tribunal Supremo viene confirmando su doctrina restrictiva, atendiendo en caso de comunidad de bienes que formen los expropiados recurrentes a la cuota de participación de cada uno de ellos en la misma, de suerte que, al ser varios los propietarios de la finca expropiada, la cuantía viene determinada por la parte alícuota que a cada uno corresponde, teniendo en cuenta la diferencia entre el valor solicitado por los recurrentes y el justiprecio fijado por la sentencia (Autos de 22 de mayo de 2008, dictados en los recursos núms. 3.838/2005 y 2.162/2007, 19 de abril y 21 de junio de 2007, y 11 de marzo de 2010, JUR 2010\111585 y 2010\131695, entre otros muchos).
Esta división de la cuantía entre los cotitulares expropiados se aplica también a la parte contraria, Administración expropiante o beneficiario, desde el Auto de 22 de mayo de 2008 (Rec. 2162/2007), si bien la división opera sobre la cuantía para esta parte, determinada por la diferencia entre el justiprecio fijado en sentencia de instancia y sus pretensiones, no entre aquélla y las pretensiones de los expropiados. Cfr., entre otros muchos, el Auto del Tribunal Supremo (Sección Primera) de 17 de febrero de 2011 (Rec. 5744/2010), según el cual “al no superar ninguna de las cuotas alícuotas de estos [los expropiados] el límite legal para acceder a la casación,… procede declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento…”. Aunque también existen pronunciamientos en sentido inverso. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2010 (JUR 2010\264109) sostiene que, aunque la finca expropiada es de varias personas (y por ello respecto de ellas la cuantía debe dividirse), quien recurre es el Ayuntamiento, por lo que respecto al mismo, la cuantía de la pretensión viene dada por el total de la cantidad en que la finca se valoró.
Por otro lado, en caso de impugnaciones cruzadas del justiprecio (por el expropiante o beneficiario de un lado y por el expropiado de otro), el Tribunal Supremo declaró en los Autos de 13 de octubre de 1994 (RJ 7408) y 27 de noviembre de 1995 (RJ 8368) que “acumulados, la posición procesal que respectivamente adoptan las partes, al ser demandantes y a la vez demandados, hace que no resulte de aplicación la regla del artículo 50.3 de la Ley Jurisdiccional (actual art. 41.3 LJCA), «sino que al dictarse una sola sentencia en los recursos acumulados, no puede impedirse el acceso a la casación a ninguna de las partes que en este proceso único tenga gravamen, tomando como cuantía la superior …, que si abriría la casación en este caso a los expropiados, ninguna razón existe para no abrirla también a la Administración Municipal expropiante”. Por tanto, en supuestos de impugnaciones cruzadas de los acuerdos del Jurado de Expropiación, no sería aplicable el art. 41.3 LJCA, que determina que en supuestos de acumulación la cuantía viene determinada por la suma de las pretensiones pero no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir en casación o apelación; ni tampoco el art. 41.2 LJCA, según el cual cuando existan varios demandantes se atenderá al valor de la pretensión de cada uno de ellos y no a la suma de todos (pues se considera a varios demandantes en la misma posición). De modo que si la cuantía fuera suficiente para una parte lo sería igualmente para la parte contraria.
Esta doctrina, sin embargo, ha sido también superada, como siempre en el sentido más limitativo del acceso al recurso, de modo que la cuantía debe ser considerada para cada parte por separado, con múltiples pronunciamientos. Por ejemplo, el del Auto de la Sección Primera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2011 (Rec. 5744/10), que inadmite el recurso del Ayuntamiento y no el de los expropiados. Ahora bien, a nuestro juicio, dado que, en estos casos de impugnaciones cruzadas, cada uno de los demandantes es asimismo demandado, aunque la cuantía propia sea insuficiente, la parte es también demandada y por tal motivo podría recurrir en casación si la cuantía de la parte contraria fuese suficiente. Mas este razonamiento sólo debería permitir recurrir la sentencia para la confirmación del acto recurrido (dentro de la cuantía de la parte contraria), pero no para modificarla en beneficio de la parte cuya cuantía es insuficiente.
Para el caso de expropiación de varias fincas, GONZÁLEZ PÉREZ indica que «en alguna ocasión, el TS ha sentado que cuando se trata de la impugnación de un acuerdo justipreciando varia fincas ha de tenerse en cuenta el valor de todas ellas a efectos de determinar la lesión y cuantía; así una S. de 30 junio 1941, en cuyo tercer considerando afirma que como la apelación entablada por el Ayuntamiento expropiante se ha referido a todas las fincas discutidas y no era dable fraccionar el efecto de la demanda en otros tantos recursos de apelación, sino que debía interponerse en forma única y global, "el valor de la acción ha de estimarse atendido el conjunto de elementos representativos de la totalidad"».
Pero el Tribunal Supremo divide la cuantía entre las distintas fincas o parcelas, aun cuando todas ellas fueran objeto de un mismo acuerdo del Jurado de Expropiación. Al respecto, es interesante la decisión de la Sentencia de 10 de marzo de 1995 (RJ 1995, 1940), ponente Excmo. Sr. GODED MIRANDA, que, en un supuesto de expropiación de una finca con distintas parcelas, si bien el expropiado sólo discute la valoración de una de ellas, la cuantía es fijada en atención a la diferencia entre el valor asignado por el Jurado a todas ellas y el propuesto por el expropiado, toda vez que la finca constituye una unidad y no se determina el valor concreto asignado por el Jurado a cada una de las parcelas. En general, puede entenderse que, aunque sólo se discuta el justiprecio de parte de los bienes o de parte de los conceptos indemnizables, si no se determina el establecido por el Jurado para el bien o concepto concreto, habrá que estar a la diferencia de conjunto. No obstante, estos razonables argumentos parecen superados por una jurisprudencia progresivamente restrictiva.
Así, entre otras muchas decisiones en la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2003 (RJ 2003\3824) sostiene que la cuantía viene referida por la diferencia entre lo solicitado en la hoja de aprecio y el justiprecio fijado por el Jurado expropiatorio por cada parcela, sin poderse acumular al valor de otras parcelas expropiadas en el mismo expediente. O, como dice el Auto de 25 de septiembre de 2008 (JUR 2008\ 366544), “conforme al artículo 41.3 de la misma Ley (LJCA), en los supuestos de acumulación de pretensiones -es indiferente que tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación”, sin que se pueda a la valoración conjunta de más de una finca incluida en el mismo expediente o recurso (con cita de Autos de 11 de diciembre de 2003, 9 de febrero de 2006 o de 17 de enero de 2008, entre otros muchos)”.
Con todo, acaso es más correcta la previsión de la LECiv (art. 252.1ª y 2ª), que atiende a la pretensión de mayor cuantía en caso de acumulación de varias acciones principales y a la suma de todas las acciones acumuladas que provengan del mismo título o sean accesorias de la principal.
En otro orden de cuestiones, la cuantía viene determinada por el contenido económico total del acto en el caso de que se pretenda sólo la anulación de un acuerdo de un Jurado de Expropiación, sin pedir la fijación de una valoración diversa (en cuyo caso regiría, como veremos, la diferencia entre la valoración del Jurado y la del recurrente).
La Sentencia de 14 de junio de 1995 (RJ 1995, 4678) admite el recurso de casación por considerar el recurso de cuantía indeterminada, ya que la finalidad de la pretensión es anular el expediente de expropiación y la devolución de la finca o, subsidiariamente, la tramitación de un nuevo procedimiento en que se realice una segunda tasación, valoración que se desconoce y, por ello, la cuantía es indeterminada. Con ello, sin embargo, se prescinde de la letra a) del artículo 42.1 (antes 51.1) de la Ley de la Jurisdicción, que atiende al contenido económico del acto cuando el recurrente solicite su anulación.
En el caso de recursos contencioso-administrativos contra acuerdos de los Jurados de Expropiación en los que lo que se discuta sea el justiprecio, la regla será, normalmente, la diferencia entre la valoración pretendida por el recurrente y la confeccionada por el órgano administrativo tasador. Puesto que el Jurado fija un determinado justiprecio, que no coincide con el estimado, en su hoja de aprecio, por el recurrente, existe una diferencia que es la que determina la cuantía, y no el importe del justiprecio, pues, al menos en parte, el recurrente estará de acuerdo con el Jurado, sea el expropiado en que se le pague, al menos, lo fijado por el Jurado, sea por el expropiante o beneficiario en que ha de pagar, al menos, lo ofrecido por él. Lo expone de la siguiente manera GONZÁLEZ PÉREZ: «Cuando la pretensión se deduce contra un acuerdo de justiprecio, estimamos que su cuantía no viene dada por la valoración asignada por la Administración al objeto expropiado, sino por la diferencia entre dicha valoración y la que le asigna el demandante».
En este sentido, se encuentran múltiples pronunciamientos de la jurisprudencia. Entre ellos cabe citar la Sentencia de 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4421), según la cual
«la real cuantía del litigio viene determinada por la diferencia entre el justo precio definido por el Jurado y el pretendido de la demanda... advirtiendo... que en modo alguno cabe reputar cuantía del asunto la solicitada en la demanda, en cuanto que en todo caso viene determinada por el valor de la pretensión objeto del proceso..., que se obtiene computando desde luego aquella diferencia a que nos hemos referido con anterioridad».
Asimismo, la Sentencia de 16 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 8206) atiende al importe por el cual valora los bienes y derechos expropiados la entidad actora y la valoración del Jurado, «siendo en consecuencia la cuantía discutida la diferencia entre ambas cifras»; y la de 28 de junio de 1995 (RJ 1995, 4798) se refiere a «la diferencia entre el valor del inmueble expropiado establecida por el acuerdo del Jurado... y el valor asignado por la propietaria expropiada [y recurrente] al señalado inmueble en su hoja de aprecio». Asimismo cabe citar, en confirmación de este criterio, las Sentencias de 31 de octubre de 1990 (RJ 1990, 7560), 5 de mayo de 1992 (RJ 1992, 3484) y 14 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 7944).
Sólo en el caso excepcional de que el expropiante haya ofrecido un justiprecio de 0 euros y el Jurado así lo haya estimado, la cuantía del recurso formulado por el expropiado vendrá constituida por el importe total de su valoración.
En casación, empero, la cuantía es la del objeto de discusión en vía de recurso. De este modo, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 6ª) de 8 de septiembre de 2011 (RJ 2011\7336) que nos ilustra del modo siguiente:
“Recordemos que es doctrina reiterada de este Tribunal... que, en materia expropiatoria, la cuantía viene determinada por la diferencia entre el valor del bien expropiado fijado en la resolución del Jurado y el asignado al mismo por el recurrente en su hoja de aprecio o en el proceso contencioso-administrativo seguido en la instancia -siempre que en este segundo supuesto la valoración reclamada no exceda de la solicitada en la hoja de aprecio, a la que el expropiado está vinculado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 42.1.b), regla segunda, de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, salvo en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo, en que el justiprecio establecido en la sentencia sustituye al fijado por el Jurado como término de comparación. Asimismo debe indicarse que, conforme al artículo 41.2 LRJCA , para determinar la cuantía del recurso cuando existan varios demandantes, hay que atender al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos. En este sentido, cuando la finca expropiada pertenece a los recurrentes en régimen de copropiedad a falta de prueba en contrario, las cuotas de participación de cada uno de ellos deben presumirse iguales, pues es jurisprudencia reiterada de esta Sala que la cuantía litigiosa, en los supuestos de comunidad de bienes, se determina en función de la participación de cada comunero en la titularidad compartida y, a falta de previsión especial o de su constancia, por iguales partes entre todos ellos, en aplicación de la citada regla sobre acumulación subjetiva de acciones (artículo 41.2 de la Ley Jurisdiccional ) y de la presunción establecida en el artículo 393, regla segunda, del Código Civil”.
Efectivamente, en caso de recurso de casación, el Tribunal Supremo considera como cuantía la diferencia entre las pretensiones de la parte y la resolución judicial, y, así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2006 (RJ 2006, 5656) atiende no a la cuantía inicial sino a la diferencia entre el justiprecio fijado en sentencia y el acuerdo del Jurado (cuya confirmación pretendería el recurrente). En esta línea, podemos citar también los Autos de 6 de noviembre de 2008 (JUR 2009\ 99232), 29 octubre 2009 (RJ 2010\1225) y 11 marzo 2010 (JUR 2010\123659 y 2010\123677) . Por su parte, la Sentencia de 25 mayo 2010 (RJ 2010\3682) expone que es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (por todos, Autos de 4 de octubre de 1994 y 24 de septiembre, 2 de diciembre de 1996 y 30 de junio de 2000) que en materia expropiatoria la cuantía viene determinada por la diferencia entre el valor del bien expropiado fijado en la resolución del Jurado y el asignado al mismo por el recurrente en su hoja de aprecio, en aplicación de lo prevenido en el artículo 42.1.b), regla segunda, de la expresada Ley (diferencia del valor entre el objeto de reclamación y el del acto que motivó el recurso), salvo que la Sala de instancia eleve el justiprecio fijado por el Jurado, en cuyo caso la valoración de aquélla sustituye a la de éste como término de comparación con las pretensiones de las partes (Autos de 11 de febrero, 17 de noviembre ( RJ 2001, 103) y 1 de diciembre de 2000 ( JUR 2001, 55866); y ello, como hemos visto, por cada uno de los recurrentes.


Francisco García Gómez de Mercado
Abogado